El diario El Universal de Colombia, refiere que Cartagena atraviesa desde hace unos meses una crisis de inseguridad, por lo que este nuevo hecho, el crimen del fiscal Marcelo Pecci, genera un impacto negativo a gran escala hacia la ciudad.

En ese sentido, indican que ni los mismos cartageneros se sienten seguros en su ciudad, la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Cartagena Cómo Vamos (CCV) arrojó que el 70% de los encuestados no se siente seguro en su barrio o entorno y otro 79% de los encuestados no confía en la seguridad.

Al respecto, apuntan que la ola de inseguridad por la que atraviesa Cartagena es una de las más graves de su historia. Al asesinato del fiscal Pecci se suman los más de 100 homicidios ocurridos en lo que va del 2022; el 7 de mayo un hombre fue baleado mientras se movilizaba en una chiva turística en la zona norte; el 10 de mayo la presentadora Claudia Bahamón compartió con sus 4,5 millones de seguidores que fue asaltada en pleno centro amurallado; y además el pasado paro armado del Clan del Golfo tuvo al departamento de Bolívar como uno de sus puntos críticos.

“El reciente Paro Armado de las AGC en buena parte del Caribe Colombiano que afectó algunos corregimientos de Cartagena y municipios muy cercanos, el aumento de los homicidios en la ciudad y el asesinato del fiscal, pese a ser hechos que no están conectados, demuestran que en la ciudad y sus cercanías hay presencia de estructuras armadas organizadas”, indicó Armando Mercado Vega, investigador de la UTB.

Pero la crisis en la imagen de la ciudad no inicia y termina con el sicariato del fiscal Pecci en la isla de Barú. En diciembre de 2021, la embajada de Estados Unidos en Colombia alertó a los ciudadanos americanos que tenían como destino Cartagena para “tomar precauciones para evitar ser víctimas de robos con escopolamina o hurtos convencionales”.

“Si está planeando un viaje a Barú (una zona de playa a 45 minutos al sur de Cartagena), la Embajada de Estados Unidos le recomienda que contrate un bote, un autobús turístico o un taxi turístico para proporcionar transporte en lugar de conducir usted mismo”, aseguró la entidad en un comunicado.

Dicha advertencia ya había sido antecedida por otra hecha el 17 de noviembre y que el gobierno de William Dau recibió con “extrañeza” argumentando un trabajo diario en la “lucha frontal contra la delincuencia y todo tipo de delitos”.

Golpe a la economía del turismo

Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el Atlántico, dejó claro que el asesinato del fiscal Marcelo Pecci impacta la imagen de Colombia como destino turístico.

“Esperamos que pase este momento y las cosas vuelvan a normalizarse. A la gente le va a dar temor, pero hay personas que ya tienen programadas sus vacaciones de mitad de año en Cartagena, San Andrés y otras ciudades (..) esperamos que esto pase muy rápido por el bien del país”, sostuvo Muvdi en la Emisora Atlántico.

Para la exministra de Cultura, Araceli “Chica” Morales, los hechos de inseguridad recientes invitan a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para no perjudicar el ingreso turístico a la ciudad.

“Cartagena como epicentro turístico y cultural del Caribe debe tener controles preventivos y permanentes eficaces, inclusive de inteligencia. En el Centro Histórico hay un descontrol notable, y de no tomar las medidas correctivas necesarias repercutirá de forma negativa que los turistas escojan a Cartagena como su destino para pasar sus vacaciones, asistir a convenciones o que vengan a disfrutar de sus encantos y su magia”.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.

Este miércoles salió a la luz una nueva grabación de un accidente sucedido a comienzos de marzo, en el que un camión de carga estuvo a punto de caer a un río desde un puente en la ciudad estadounidense de Louisville, en Kentucky.

Presentaron las imágenes ante un tribunal que revisa el caso y fueron grabadas por una cámara de la cabina del vehículo afectado, que se estrelló contra la barandilla del puente Clark Memorial y quedó colgando. Su conductora, Sydney Thomas, perdió el control y se desvió luego de que una camioneta que iba por el carril contrario se saliera y chocara de frente a toda velocidad contra el camión que conducía.

Socorristas tuvieron que descender desde el puente para rescatar a Thomas, de 26 años, que estuvo atrapada en la cabina, que pendía a más de 30 metros sobre el río Ohio. El semirremolque que transportaba quedó encajado entre las vigas del puente y evitó que el camión cayera al agua.

De acuerdo con la Policía de Louisville, el accidente involucró a cuatro vehículos. Según registros judiciales, Trevor Branham, de 33 años, fue acusado por haber provocado el accidente. En el material audiovisual se puede ver que este hombre, tras el volante de una camioneta Chevrolet, se desvía del camino para evitar a otro automotor que estaba detenido y cruza a la vía contraria antes de impactar contra el camión de Thomas.

Branham acudió este miércoles a la audiencia preliminar, donde el video fue presentado como prueba de su culpabilidad, y recibió cuatro cargos por poner en peligro sin razón a una persona. También fue acusado de conducir con una licencia suspendida.